Entrevista a Jaume Asens, abogado y defensor de los derechos humanos
¿Cuál es el mensaje central de su libro?
No hay
derecho(s) no pretende ser un libro de
vanguardia, sino, más bien, un libro de retaguardia que lo que intenta es
recoger las conocimientos y experiencias adquiridas durante todos estos años en
espacios de luchas por los derechos humanos, en los movimientos sociales. El
título básicamente es un grito vinculado a los oprimidos, una exclamación de
injusticia que sienten aquellos que, de algún modo, la viven. Es un grito
antiguo, de quien se revelaba contra los dioses, de las mujeres contra el
patriarcado, de los trabajadores contra el poder empresarial o de los
disidentes contra el poder religioso. Históricamente ha sido la bandera de
aquellos que han impugnado al poder. Es una exigencia ético-moral que, muchas
veces, se ha hecho contra la legalidad que produce el poder.
Pero
ya desde el inicio los oprimidos se dieron cuenta de que también podía ser un
grito que se hiciera en nombre de la legalidad. Porque el poder incumple su
propia legalidad, el poder, muchas veces, deviene ilegal porque no es capaz de
respetar sus propias reglas del juego y esa es una fuente de deslegitimación
importante. Por tanto el oprimido puede disputarle la legitimidad al poder
haciendo combate por la visibilización de esas contradicciones, de esa
ilegalidad en que cae. Como dice la frase de Engels: «la legalidad os mata». Y
ello sucede mucho más hoy en día que la legalidad está enriquecida con una
serie de tratados, constituciones y cartas que reconocen derechos humanos y
principios garantistas. La conciencia que surge en el mundo Occidental de que
el horror de Auschwitz no puede repetirse alumbra un nuevo paradigma. Se
redescubre el significado del constitucionalismo social que limita lo que antes
era el estado liberal como legislador absoluto. Esos principios entrañan
límites y controles a poderes de todo tipo, públicos y privados, de estado y de
mercado. Por ejemplo, la separación de poderes y los derechos fundamentales,
principios negados por el fascismo.
Los
marcos jurídicos creados a partir de ese nuevo paradigma son una legalidad muy
exigente. Nosotros intentamos mostrar cómo, en diferentes ámbitos y en tiempos
de crisis y movilizaciones, esta legalidad se convierte en un espejo incómodo
para el poder. Porque refleja la arbitrariedad jurídica, además de
ético-política, de muchas actuaciones de poder realizadas en nombre del
Derecho. Pero también porque permite juzgar de otro modo los actos de protesta
y desobediencia que se alzan contra ellas. No ya como actos delictivos, objeto
de criminalización, sino como herramientas legítimas, incluso necesarias, para
forzar al poder a cumplir su propia legalidad y crear marcos jurídicos más
igualitarios y libres de violencia. La idea es que el derecho normalmente se
pone al servicio del poder y es un instrumento hegemónico de control, pero a la
vez puede otorgar un arma valiosa a aquellos que se resisten a él. Hoy en día
resistir al Derecho en nombre del Derecho ya no es una contradicción. Es algo
indispensable para revertir la actual situación de violación sistemática de los
derechos por parte del poder.
Trasladando esas tesis al terreno práctico, usted ha sido
observador del proceso 18/98. En esta década pasada, ¿cómo se ha utilizado el
Derecho en Euskal Herria?
En
este caso el Estado español pone el Derecho al servicio de su política en
Euskal Herria para hacer un uso interesado, para degradarlo y justificar actos
de barbarie como actos de Derecho. El sumario 18/98 se inscribía en esa cultura
de excepción con una idea aberrante puesta en boga por el juez Garzón: todos
los grupos vinculados a la izquierda abertzale son, o están destinados a ser,
apéndices de la estructura de ETA. De ese modo, la lucha antiterrorista se
convierte en un verdadero acto de guerra que tiende a consolidar un derecho
penal de autor: la idea es castigar no por lo que se ha hecho sino por lo que
se es. Allí ha estado el reto de las asociaciones de derechos humanos y de la
izquierda abertzale. En visibilizar ese proceso y darle la vuelta para
conseguir desenmascararlo y demostrar que es una clara derrota del estado de
derecho; que son ellos los ilegales, los que quieren convertir la excepción en
norma.
Y ello se agrava tras los atentados del 11S...
A
partir de ahí se inaugura un nuevo paradigma liberticida, una guerra global
permanente que modifica las reglas del juego, la tradición ilustrada, y que
legaliza medios inusuales e ilegales de excepcionalidad. Esa guerra había
empezado antes en Euskal Herria. Pero, sí, se consolida y agrava después del
11S, cuando las actuaciones de excepción se multiplican. Estropicios
legislativos, judiciales o policiales de todo tipo. Se cierran periódicos, se
prohíben actos de protesta, se introducen delitos de opinión y hasta se amenazó
con encarcelar a un lehendakari por convocar una consulta sobre el propio
autogobierno. De hecho, basta pensar en la Ley de Partidos de 2002 como
instrumento ad hoc para liquidar políticamente a un sector de la sociedad que
quiere trascender el marco constitucional. Ciudadanos que no pueden expresar su
opinión política. Ni en la calle, con manifestaciones ilegalizadas, ni en las
urnas. A pesar de la letanía formal de que «en una democracia se pueden
defender todas las ideas», tal engendro jurídico se aceptó sin escándalo por una
parte importante de la sociedad. Un síntoma claro de su degradación cívica.
¿Qué opina de la declaración del ministro de Interior, Jorge
Fernández Díaz, al decir que no cumplirá la sentencia del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos sobre la
«doctrina Parot»?
Pues
que es un buen ejemplo para poner en práctica lo dicho. Es una fuente de
deslegitimación. Las asociaciones de derechos humanos tienen esa sentencia de
Estrasburgo para ello. Además el incumplimiento de la sentencia puede tener
consecuencias para el Estado español.
¿Qué tipo de consecuencias?
El
Consejo de Europa tienen la función de vigilar el cumplimiento del Convenio de
Estrasburgo y puede imponer desde sanciones financieras hasta adoptar medidas
más drásticas, como la expulsión de un país de la UE, como pasó con el caso de
los generales de Grecia, después del golpe de estado.
¿Cuál quisiera y cuál cree que será el futuro de la
Audiencia Nacional tras el nuevo ciclo político abierto en Euskal Herria?
Lo
deseable seguramente es que la Audiencia Nacional se convirtiera en un tribunal
de justicia universal y que se ampliaran las competencias que ahora se han
restringido. Ha sido pionera en eso y ha contribuido a que otros países
ajustaran cuentas con un pasado dictatorial que permanecía impune. Otra cosa ha
sido cuando se han abierto causas contra países poderosos. O cuando el caso de
los crímenes del franquismo. Ahora con la querella presentada en Argentina para
reabrir la investigación aquí bloqueada puede pasar algo curioso: que sea la
periferia quien recuerde a la metrópolis que hay crímenes deleznables que no
pueden enterrarse en las fosas del olvido.
Lo
cierto es que con la Audiencia Nacional se pone en evidencia uno de los
problemas de las políticas de excepción. Medidas que nacieron como
excepcionales y para combatir un fenómeno concreto, luego se difuminan para el
conjunto del entramado institucional, generan poderes y resistencias que
incluso ni sus impulsores pueden controlar del todo. Y, cuando el fenómeno
desaparece o está en evidente perspectiva de desaparecer, hay un riesgo de que
se normalicen y no se desmonten. Eso es lo que estamos viendo ahora que hay un
cese definitivo de ETA. Legislaciones excepcionales, tribunales excepcionales,
prácticas policiales excepcionales. Y también, claro, sistemas penitenciarios
especiales. Alfredo Pérez Rubalcaba decía que tenemos el sistema penitenciario
más duro de la UE. Tenía razón y sobre todo para el colectivo de presos
políticos, que viven un trato claramente discriminatorio. De todo ello aún no
se ha tocado nada y eso es muy grave.
Dentro de la respuesta social a la crisis, después de la
huelga general ha habido varias detenciones tanto en Catalunya como en Euskal
Herria. ¿Cómo valora esta actuación?
Hay un
ciclo de represión que va a la par de una movilización de masas. Hay nuevos
medios de protesta y también nuevas medidas de represión y eso se ha puesto en
evidencia después de la huelga general. Hay un antes y un después y hay toda
una batería de medidas que tanto el Gobierno de Madrid como el de Barcelona
reclaman, desde una mayor contundencia policial y judicial hasta más unidades
antidisturbios, una Fiscalía especializada en violencia urbana, seguimiento de
las redes sociales y asimilación de la protesta al terrorismo, intentando
trasladar la política antiterrorista de Euskal Herria al resto del Estado,
hasta incluir la resistencia pacífica como delito de atentado. En el fondo eso
señala un proceso contradictorio que tiene que ver con la máxima visibilización
de la persona declarada manifestante y máxima dureza. Y contrasta con la
impunidad bajo la cual se producen las actuaciones de poder.
En
definitiva, considero que tienen miedo. Tienen claro que hay un desborde
importante. Lo dijo Dominique Strauss-Kahn siendo presidente del FMI: las
políticas neoliberales que se van a aplicar a raíz de la crisis van a generar
desordenes y revueltas. Ese diagnostico era certero. Y en un momento de
descomposición del estado social y del estado de derecho, para controlar a la
población tienen que dar una imagen de firmeza, de dureza, para restaurar el
miedo, como dijo Felip Puig. Porque la carga de deslegitimidad de estas medidas
es muy grande y son conscientes de que ese proceso de movilizaciones continuas
puede llevar a una situación como la de Grecia, donde ocho huelgas han llevado
a que esa protesta se traslade de la calle al Parlamento. Syrizia es producto
de eso. El poder para afianzarse necesita inculcar miedo a la ciudadanía y la
lista de enemigos cada vez es más amplia. El rostro de ese enemigo se esta
normalizando. Ya no es alguien que está en una posición extrema de la sociedad.
Puede llegar incluso a las capas medias, a la burguesía, como pasó en Argentina
con la crisis.
¿Cómo puede garantizar el ejercicio de los derechos el
Derecho?
Una
forma es en la calle. Yo creo que los derechos se protegen en esas cartas y
constituciones pero estas son papel mojado si no hay una función de vigilancia
y de ejercicio efectivo de esos derechos en la calle. No hay derecho que haya
nacido sin la desobediencia; todo derecho ha nacido de la ilegalidad. La
primera huelga se convocó sin derecho a huelga. Erich Fromm decía que la
humanidad nació de un acto de desobediencia y no sería extraño que muriera en
un acto de obediencia. En el fondo, todos los derechos han sido creados por los
llamados «antisistema». Si hoy tenemos jornadas laborales de ocho horas es
porque ha habido gente, en un momento histórico determinado, llamado movimiento
obrero, que han sido tratados en su momento como «antisistema» que han forzado
la legalidad de ese momento y han creado nuevos derechos.
Entrevista realizada por Garazi Muguertza
Gara, 22 de julio de 2012
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