A principios de 1872, el joven Nietzsche
dicta en Basilea una serie de cinco conferencias que se recogerán
posteriormente con el título Sobre el porvenir de nuestras instituciones
educacionales. La mirada del moralista lleva a cabo en ellas una crítica
radical del modelo de educación puesto en obra en los gimnasios de humanidades,
crítica que acabará por impugnar el proyecto mismo de una enseñanza general
obligatoria. Se trata —nos dirá allí— de instituciones donde se «promociona la miseria
del vivir», donde, necesariamente, la cultura es puesta «al servicio de los
fines del Estado».
Un siglo más tarde, en 1975, Michel Foucault,
publica Vigilar y castigar: Nacimiento
de la prisión, una suerte de genealogía de la moral moderna de la que se
desprenden dos evidencias simples, pero de graves consecuencias. La primera de
ellas es la constatación de una profunda complicidad entre todas las
instituciones totales: no sólo aparecieron en el mismo momento histórico la
fábrica y el cuartel, la escuela y el hospital, el manicomio y la cárcel, sino
que además la garantía de su eficacia respectiva es la misma: la puesta en obra
de una idéntica tecnología disciplinaria. Es por ello que la fábrica se parece
tanto a la cárcel, que a su vez se parece al cuartel, que se parece tanto al
hospital, que a su vez se parece a la escuela… La segunda evidencia sigue
naturalmente de la anterior: el ejercicio de ese poder disciplinario que encontramos
por igual en todas las instituciones totales nos muestra un rostro que se
aviene mal con la imagen clásica del poder. Se trata de un poder antes
normalizador que legislativo, microfísico, local y relativamente autónomo
respecto a las instancias económicas. Un poder que encuentra su especificidad
en ese gesto disciplinario mediante el cual el tiempo de vida de los hombres es
convertido en un determinado empleo del tiempo (tiempo de trabajo en la
fábrica, de instrucción en el cuartel, de encierro en la cárcel). No es de
extrañar entonces que se saludara el análisis de Foucault como la posibilidad
de una nueva teoría de lo político, mediante la cual alcanzaría dignidad discursiva toda una dimensión de
la lucha política (la resistencia contrainstitucional, la disidencia moral) hasta
entonces criminalizada como reformista por «los portavoces de la vanguardia del
movimiento obrero».
