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| ¡Terrassa libre de deshaucios! |
El
pasado domingo 22 de febrero de 2012 se constituyó en Barcelona la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca.
Dicha
Plataforma denuncia que:
1. Hay
miles de familias en situaciones dramáticas, sin poder pagar la
hipoteca o a punto de dejar de pagarla. Muchas están ya en fase de ejecución
hipotecaria, por lo que temen ser desahuciadas en los próximos meses. La mala
regulación del sistema bancario español hace que no sólo corran el riesgo de
perder sus casas y quedarse en la calle, sino también de mantener parte de la deuda,
ya que ahora los bancos están tasando las mismas viviendas
a precios inferiores.
2. La
administración no está proponiendo ninguna solución. La
“moratoria ICO”, anunciada por el gobierno, no sólo no resuelve el problema
sino que lo aplaza y lo complica al aumentar los intereses. Además, los
criterios de aplicación dejan fuera a las familias en situación de mayor
vulnerabilidad y en muchos casos los bancos se niegan a aplicarla, ya que no
están obligados.
3. Las
personas hipotecadas denunciamos que somos víctimas de un
fraude hipotecario generalizado y de unas cláusulas
contractuales abusivas. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron
hipotecas a pesar de que muchos de nosotros no éramos sujetos de crédito y
teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaloraron la tasación de la vivienda ,
inflando el precio, y aumentando así la deuda contraída. Pero la lista de
irregularidades no acaba aquí: comisiones abusivas; contratación obligada de
seguros caros e inútiles; intereses variables referenciados al euríbor más unos
diferenciales desorbitados; información sesgada, cuando no engañosa, sobre
posibles aumentos de la hipoteca, etc. Todo ello con una finalidad inequívoca:
optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema
crediticio razonable debería tener.
No
negamos nuestra parte de responsabilidad al haber
firmado un contrato que a día de hoy no podemos mantener, a pesar de las
condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas. Sin
embargo hasta ahora el índice de morosidad de las familias ha permanecido
increíblemente bajo. A diferencia de los bancos, que ante el
estallido de la crisis no han dudado en exigir dinero público, las familias
endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un
empleo y los intereses se lo han permitido. Ahora
que ya no pueden hacerlo, la respuesta de las entidades crediticias ha sido
intentar renegociar a favor de la entidad o el recurso fulminante a la
ejecución hipotecaria. Con un agravante: dada la “desavalorización” sufrida por
los pisos, es posible que quien los pierda siga debiendo dinero a la entidad
que astutamente lo endeudó.
Además
de este cúmulo de irregularidades y despropósitos, no
debemos olvidar la responsabilidad de las distintas administraciones públicas que han
desarrollado una legislación que solo ha promovido el
acceso a una vivienda en régimen de propiedad como única forma de acceso a una
vivienda estable y segura y que en la práctica ha significado el
sobreendeudamiento de las familias, marginando otras formas de acceso a la
vivienda como el alquiler. La desgravación fiscal de la compra, la
inestabilidad e inseguridad de los inquilinos ante una ley de arrendamientos
urbanos que defiende los intereses del propietario, la desregulación del
mercado hipotecario que permite hipotecas a 50 años, la inexistencia de un
parque público de alquiler y la falta de control y restricción sobre el
crédito, han empujado a millares de familias a endeudarse por encima de sus
posibilidades para acceder a una vivienda.
Además
los bancos, junto a inmobiliarias, administraciones y medios de comunicación,
durante muchos años repitieron que alquilar era tirar el dinero, que era mucho
mejor comprar y que los precios de los pisos nunca bajarían. Bajo estas
condiciones, inmobiliarias, bancos y cajas aprovecharon ese contexto objetivo y
dedicaron todo su aparato propagandístico a incentivar la compra y el
sobreendeudamiento.
Por todo
ello la asamblea de afectados por la hipoteca exige soluciones. Soluciones que
son justas, posibles y que ya que se están aplicando en otros lugares:
a) Parar
los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los
avalistas, hasta que se haya encontrado una solución a su situación. Y
garantizar a los afectados el acceso a justicia gratuita para poder
defenderse en los procesos de ejecución. En cualquier caso garantizar que
ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional: un
Estado democrático respetuoso de los Derechos Humanos no puede permitir que
miles de familias se queden en la calle a la vez que millones de pisos
permanecen vacíos a la espera de ser un negocio rentable.
b)
Regular la dación en pago, de manera que si el banco ejecuta la hipoteca y se
queda la vivienda, la deuda queda liquidada, como sucede en otros países de la UE
o en EEUU. Es un abuso bancario que estén expulsando a la gente de sus casas y
encima les exijan el pago de 20, 50 o incluso 100 mil euros.
c)
Conversión del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia en parque
público de alquiler social. Que la administración fuerce a las entidades
financieras a asumir los precios reales de las viviendas haciendo que los
bancos renuncien a un porcentaje significativo de la deuda hipotecaria para
que, a continuación, la administración compre la vivienda a precio de vivienda
protegida de régimen general y el antiguo propietario pueda permanecer en ella
como inquilino de vivienda protegida, siempre y cuando cumpla los requisitos
establecidos para ser beneficiario de la misma. Así no sólo se ayudaría a las
familias hipotecadas, sino que ganaría toda la sociedad al aumentar el parque
de vivienda pública en alquiler. Una versión de esta medida se está aplicando
ya en el País Vasco, por lo que se trataría de extenderlo al resto de
comunidades autónomas.
d) Realización
de una Auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario.
Existen indicios fundados que nos indican que la ciudadanía ha sido objeto de
un gran fraude que debe ser investigado para poder establecer las
responsabilidades de entidades empresariales, bancarias, así como de las
instituciones públicas. La misma auditoría debería aclarar dónde han ido a
parar los beneficios millonarios que se generaron durante el boom inmobiliario.
e) Establecer
los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que
el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos
pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras. En el caso del mercado
hipotecario, establecer por ley que el pago de la cuota mensual hipotecaria en
ningún caso sea superior al 30% de los ingresos de la persona o unidad
familiar, a un plazo máximo de 20 años.
Invitamos
a las personas afectadas a sumarse a esta Plataforma: la unión es la mejor
manera que tenemos ahora para vencer el miedo, las amenazas y los abusos de los
bancos.
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