ERC, hace unos meses, volvió a cerrar filas con su aliado, que a veces
parece funcionar como su superior jerárquico, el gobierno de CiU. Esta vez, ante
una cuestión muy delicada que ponía en juego su sensibilidad democrática. Iniciativa
per Catalunya había solicitado la comparecencia en el Parlament del Conseller
d’Interior, Ramón Espadaler, y del Director General de la Policía Manel Prat. El
objetivo era que se explicasen las circunstancias del disparo de pelotas de
goma por los Mossos D’Esquadra a los manifestantes durante la huelga del 14-N, una
de las cuales impactó en el ojo de Ester Quintana, que lo perdió. ERC se opuso
rotundamente.
Mientras tanto, siguen recayendo condenas por delitos de tortura y
otras agresiones contra los Mossos. El 13 de Julio, la Audiencia de Barcelona (APB)
condenó al mosso Ricard V. porque en la Comisaría de Les Corts, y concretamente
en el interior de la celda donde estaba detenido Marc V., cinco agentes, entre
los que se encontraba el condenado, «le golpearon con una porra y con patadas»,
causándole «policontusiones» y «consiguiendo una situación de humillación». La
condena fue por un delito de trato degradante y humillante que en el C. Penal
se define como delito contra la integridad moral. La pena fue de diez meses de
prisión e inhabilitación para ejercer de policía durante dos años y cuatro
meses. Recientemente, la APB ha confirmado la condena impuesta a otro mosso por
dos faltas, una de vejaciones y otra de lesiones, a las correspondientes multas.
Y, por último, la APB ha condenado a otro mosso a seis meses de prisión por un
delito de lesiones, causadas en junio de
2010, a
una persona en el curso de una detención en el Raval.
Y, en la sesión del Parlament del día 24 de este mes, la diputada de
ERC, Gemma Calvet, se opuso a que la Cámara solicitase al Govern —por
“fidelidad parlamentaria”, según algún medio— el cese del Director General de
la Policía por las agresiones causadas a Juan Andrés Benítez que, directa o
indirectamente, pudieran haberle causado la muerte. Agentes que, aún, no han
sido suspendidos en sus funciones. La Diputada se atrevió a decir que su
posición y la de su partido era consecuencia de una «oposición constructiva» y
que ese hecho concreto «la muerte de una persona» no podía «enturbiar» el
funcionamiento de los Mossos. ¿Qué más hace falta, Sra. Diputada? Precisamente
Vd., que como miembro que fue del Comité de Ética de la Policía, bajo el
mandato del Conseller Saura, conoce el elevado
grado de denuncias que los ciudadanos presentan contra la actuación de
los Mossos. Estamos ante una cuestión trascendental, el ejercicio de las
funciones policiales en un Estado democrático, que exige el pleno respeto de
los derechos fundamentales a la integridad física de las personas y al derecho
de manifestación. El control parlamentario y judicial de la policía es
fundamental cuando son afectados derechos esenciales. Por tanto, el veto, en
este caso, de CiU y ERC representa un retroceso de las garantías democráticas
que deja indefensos a los ciudadanos, esos mismos ciudadanos a los que apelan
para engañosas quimeras.
ERC debe recordar que está apoyando a un Gobierno que derogó y dejó
sin efecto el primer Código Ético de la Policía promulgado en Catalunya y
España. Código que pretendía complementar el limitado y conciso marco legal con
un conjunto de normas deontológicas que aseguraran con firmeza los derechos
ciudadanos exigiendo a los cuerpos policiales de Catalunya, entre otros
objetivos, un uso mas prudente y contenido de la violencia cuando resultase
excepcionalmente necesaria, evitando en todo caso, causar daños físicos
irreversibles. No pudo, entonces conseguirse, la supresión del empleo de
pelotas de goma, pero se crearon mecanismos de control ciudadano independientes
de las autoridades policiales. El Consejero Felip Puig impidió que entrara en
vigor y, ahora, ERC apoya a ese Gobierno y sus decisiones antidemocráticas.
Las leyes autonómicas catalanas, sobre los Mossos d’Esquadra y las
policías locales, reflejaron fielmente los principios de actuación establecidos
en la Ley estatal de 1986 y confirmaron la opción por una policía que, como
dice el texto «no está por encima de la ley» y cuya finalidad es el servicio a
la comunidad; por ello, «los últimos destinatarios de la actividad policial son
los ciudadanos».
Además de los imperativos legales, en la actuación policial concurre
casi siempre una exigencia ética que debe tener una especial trascendencia en
los momentos de la detención y la custodia de los detenidos y, especialmente, en
los casos de coerción legítima, momento en que debe garantizarse de forma
absoluta e incondicional el derecho a la integridad física y psíquica de las
personas y el correspondiente rechazo de cualquier forma de maltrato, por leve
que fuese.
ERC debería plantearse, más que dificultar el auténtico desarrollo de
una policía democrática, exigir ya, sin demora, que el Gobierno de CiU cumpla
las Recomendaciones de Amnistía Internacional sobre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad:
- Que regulen estrictamente la fabricación, uso y transferencia de tecnologías de seguridad y policiales, basándose en normas internacionales de derechos humanos.
- Que establezcan mecanismos independientes de investigación —como así se pretendió— que contribuyan a esclarecer los hechos en todos los casos en los que la policía emplee un arma con capacidad letal, o cuando la acción policial tenga como consecuencia la muerte o lesiones graves remitiendo toda la información pertinente a las autoridades judiciales.
- Que aseguren la adecuada formación de los funcionarios policiales antidisturbios, garantizando que el grado de fuerza utilizado es el mínimo necesario para controlar la situación. La actuación de la policía debe ser siempre legítima, necesaria y proporcionada.
- Y, que faciliten mecanismos efectivos de rendición de cuentas ante violaciones de derechos humanos.
En lugar de de promover el cumplimiento de estas Recomendaciones, ERC
obstaculiza el control parlamentario de abusos policiales, favoreciendo, objetivamente,
un clima de arbitrariedad impune.
Ante esta realidad, podría recordársele a ERC, si no la conoce, que
vele por la aplicación de aquella histórica Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789, que decía así: «La garantía de los derechos del
hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública. Esta fuerza se instituye, por
tanto, para beneficio de todos…». «De todos». Que no lo olviden.
Y que para cumplir ésta y muchas otras recomendaciones internacionales
muy recientes, eliminen definitivamente las pelotas de goma, dada la acreditada
imposibilidad de controlar su uso, su evidente peligrosidad y la aptitud de
causar daños personales irreversibles. El objetivo que se pretende con ellas no
puede justificar nunca su uso.
Carlos Jiménez Villarejo
Publicado en La Lamentable
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