[...]. Dentro de unos meses, se sentarán en el banquillo 17 acusados,
conspicuos representantes de la burguesía catalana y altos cargos de su
principal representación política, CDC. Pero, previamente, debe describirse el
marco histórico en el que situar este acontecimiento.
En los días pasados, han
saltado a los medios dos noticias. Ester Quintana, que perdió un ojo por una
pelota de goma disparada por un mosso d’esquadra, ha dicho: «Las balas de goma
son antidemocráticas» y, tan grave como lo anterior, nadie ha respondido de esa
agresión gravísima y Ester no ha percibido ninguna indemnización. En otro orden
de cosas, los partidos mayoritarios de Catalunya, incluido el PSC, han impedido
que Agustí Colom, economista de prestigio, vuelva a la Sindicatura de Comptes
porque, en su día, destapó la corrupción en la sanidad catalana. Una vez más,
los partidos amparan a sus corruptos y rechazan a quienes pueden denunciar la
corrupción. Aquí no ha habido «España contra Catalunya», simplemente Catalunya
se devora a si misma.
No hace mucho, el President Mas
arremetió contra la Fiscalía Anticorrupción por haber impulsado el proceso
penal sobre el saqueo del Palau de la Música Catalana y describir cómo se
financió ilegalmente Convergència. Pero su intemperante intervención ha tenido
una doble y contundente respuesta.
El pasado 27 de junio, el
Tribunal de Cuentas (TCU) presentó, con su ya habitual demora, el Informe de
Fiscalización de los partidos correspondiente al ejercicio 2008. En el mismo y
respecto a las cuentas de CDC, el TCU hace una especial referencia a dicho
proceso judicial ante el Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona en cuanto «dirigido
—dice— a dilucidar una supuesta financiación ilegal de CDC», que, añade,
permitirá comprobar si los ingresos declarados por el partido «corresponden
a servicios realmente prestados». Respecto de las donaciones, afirma que «la
memoria [de CDC] no contiene relación de las donaciones privadas recibidas».
Ciertamente, la investigación penal ha esclarecido los datos económicos, muy
relevantes, que CDC ocultó dolosamente al TCU y, sobre todo, a la ciudadanía a
la que tiene permanentemente engañada. Entre los ingresos, cabe destacar el
epígrafe «ingresos por servicios a terceros» que, según el TCU, está formado «por
los importes cargados por diversos servicios prestados por el partido» a CiU y
«sus grupos institucionales» (¿?) y a las Fundaciones CatDem (la antigua Trías
Fargas), por importe de 754.152 euros y Forum Barcelona, por importe de 426.924
euros. Y se añade que la justificación aportada por CDC de dichos ingresos «se
considera insuficiente». No, no era solo insuficiente, era espuria. Además, los
dirigentes del partido tendrán qué aclarar como se amortizó la deuda con
entidades de crédito que, en 2008, se elevaba a 3.158.306 euros, la mayor parte
con garantía hipotecaria. ¿Con qué entidades? ¿Con qué intereses? ¿Sobre qué
inmuebles?
En cuanto al control de la Fundación CatDem, el TCU se
limita constatar que percibió donativos por valor de 1.379.695,50 euros,
remitiéndose también a los resultados del proceso penal.
El Auto judicial ya citado, por el que se abre paso a
las acusaciones y al juicio oral, ya afirma que, en esta fase, es una «imputación
formal» que representa «un juicio de probabilidad de naturaleza incriminatorias»
basado en «indicios sólidos y plurales». Y su primera consecuencia es que
desvela la completa mendacidad de la información que CDC envió al TCU. Mas fundamental
es la constatación de que CDC es responsable civil —como lo fue Unió
Democrática en el caso «Pallerols»— por haberse beneficiado ilícitamente de las
conductas delictivas descritas en la Resolución. Concretamente, percibió cinco
millones de euros a partir, principalmente, de esta conducta: «el flujo de
fondos durante los años 2000
a 2009, de la empresa privada Ferrovial a CDC a través
del Palau de la Música Catalana que obedecían al pago de comisiones por
adjudicación de obra pública por parte del Govern de la Generalitat». Pagos que
revistieron diversas formas, como en efectivo, mediante facturas falsas y a
través de «aparentes convenios de colaboración cultural» entre la Fundación del
Orfeó Catalá – Palau de la Musica y las referidas Fundaciones, operaciones en
las que destacaron las intervenciones del tesorero del partido Daniel Osácar y
el ex diputado Jaume Camps.
Pero, finalmente, no puede desconocerse la colaboración
objetiva con el expolio del Palau de la Música de entidades como, en su
día, Bancaja, Caixa Manresa y Catalunya Caixa, al hacer desaparecer u ocultar
información relevante sobre operaciones de retiradas masivas de efectivo o
pagos sistemáticos de cheques al portador, lo que ha llevado al Juez Instructor
a denunciar a estas entidades por incumplimiento flagrante de la Ley de
Blanqueo de Capitales. Lo que ha impedido «averiguar el destino de una gran parte
de los fondos expoliados…». Exactamente, ¿quiénes, en el entorno del Palau y de
Convergencia, se han apropiado ilegalmente de 9,6 millones de euros?
Este panorama, ejecutado durante diez años con un permanente
abuso de poder, desprecio a las leyes y enriquecimiento injusto, de evidente
origen delictivo, no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento y conformidad de
la dirección de CDC. Y expresa la total ausencia de legitimidad ética y
democrática de este partido para regir el futuro de Catalunya. Los ciudadanos
tienen la palabra y, sobre todo, el voto.
Carlos Jiménez Villarejo
Pienso que ya va siendo hora de retroceder en el tiempo y remontarnos al asunto de Banca Catalana, oscuro donde los haya. No parece que nadie se atreva a hurgar en este sangrante asunto que yo creo que es el inicio de una serie de actuaciones corruptas amparadas en la identificación de algunos personajes encumbrados con el país del cual se sirven para perpetrar sus fechorías. Es cierto que hay que ser muy valiente para intentar enfrentarse a algunos poderes y personajillos que han saqueado las instituciones hasta límites insospechados y que yo creo que harían empalidecer de envidia a estos aprendices actuales que se conforman con hurtar pequeñas cantidades, casi minucias, comparadas con las que se embolsaron algunos de sus predecesores y actuales mentores de estos otros que han seguido por la senda de la depredación, al principio con justificada prudencia por si los controles se habían vuelto más eficaces y al final a lo bruto, al descubrir que unos hechos tapaban otros y que, al tener muchos mucho que ocultar, era mucho más fácil que a todos les interesara mantener la boca cerrada. Es solo un comentario, pero me muero de asco cuando les veo salir en los medios con cualquier pretexto o cuando anteponen la palabra presunto o presuntamente a cualquier hecho delictivo que no necesita el veredicto de ningún tribunal, porque la sabiduría popular, muy sabia pero también demasiado cauta, ya ha dictado su sentencia; lo malo es que, una y otra vez, cuando tenemos en nuestras manos el instrumento legal para castigarles y mandarles a casa a través de las elecciones, vuelven a convencernos una y otra vez de que volvamos a confiar en ellos y lo hacemos. ¡Qué asco! Y, para colmo de males, dejaremos pasar esta oportunidad que nos ofrece la crisis de ponerlo todo patas arriba. Nuestros hijos y nietos nos maldecirán por no haber sido más contundentes con tanto inútil.
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