1. Uno
de los momentos más bellos del trabajo de investigación histórica es aquel en
el que encuentras, entre cientos de documentos insípidos o repetitivos de un
legajo, una hoja, o a veces una sencilla nota, en la que alguien, sublevándose
contra la estupidez de las preguntas fuera de lugar de un impreso que ha de
rellenar, se decide a explicar en una breve acotación que aquel formulario está
anticuado y no puede intentar abarcar la realidad existente porque ya no cabe,
ni en el papel, ni en la mentalidad del burócrata que lo ha redactado
cuidadosamente para “archivar” la realidad (social y laboral).
Eso me pasó la semana pasada, consultando un archivo
de la Junta de Reformas Sociales de Tarrasa. Se trataba de una serie de
estadísticas e informes, empresa por empresa, ciudad a ciudad, más o menos
interesantes, sobre huelgas, en los que se detallaba el número y el sexo de los
huelguistas, la duración de las huelgas, las bases de regulación del trabajo
aprobadas, y las conquistas conseguidas por los obreros, entre las que constaba
siempre como primer punto el reconocimiento del sindicato único, en segundo
lugar la semana inglesa, en tercero el aumento de salarios y posteriormente una
serie de reclamaciones propias de cada oficio o rama industrial. Y entonces apareció
una breve nota, mecanografiada a dos caras, adjunta al formulario oficial, que
el alcalde de la importante ciudad fabril de Tarrasa debía rellenar para enviar
a la Junta de Reformas Sociales.
La nota, fechada en octubre de 1919, decía nada más y
nada menos que “Desde que se constituyó en esta ciudad el Sindicato único [...]
han proclamado la norma de no querer nada con las Autoridades, sea cualquiera
el carácter de éstas, y al acordar una huelga, la plantean y desarrollan sin
dar conocimiento previo y sin admitir intervención ninguna que no sea la de
parte directamente interesada, dándose también el caso de que si se trata de
indagar cuál es la Junta o la Comisión dirigente del movimiento, contestan los
interesados que entre ellos no hay Junta ni Comisión de ninguna especie, que
todos obran con igual autoridad y representación, y que sus asuntos no más
quieren tratarlos con aquellos que directamente han de resolverlos”.
El alcalde efectúa una magnífica definición de los
métodos de lucha y de acción de la clase obrera, describe la huelga
salvaje como excelente ejemplo de la táctica de acción
directa, característica esencial del sindicalismo revolucionario en 1919. Los
impresos del Instituto de Reformas Sociales eran ya incapaces de recoger, y
reconocer, la aparición del sindicato único, que daba una fuerza enorme a la
clase obrera, hasta entonces organizada en sociedades de resistencia. En 1919
la CNT ya no cabía en los formularios del Instituto de Reformas Sociales. La
filosofía de mediación entre la Patronal y los obreros, propia del Instituto,
había quedado obsoleta ante los métodos de acción directa, en los que el
sindicato único trataba directamente con cada uno de los empresarios, que
quedaban así en una situación de mayor debilidad.
La Patronal respondería, en los meses siguientes, a
esos nuevos métodos de la lucha obrera con el terrorismo patronal, con los
pistoleros contratados para asesinar a los sindicalistas del único, con la
modernización y militarización del somatén, con la complicidad de la policía y
del ejército, para poner en práctica el terrorismo de Estado contra la clase
obrera, con hallazgos como la llamada “ley de fugas”, de aplicación cotidiana a
la salida de la cárcel, o en las cuerdas de presos, cuando los obreros
detenidos eran trasladados a pie de una a otra prisión.
Pero esto está más allá de la nota de octubre de 1919,
aunque ese terrorismo estatal ya había empezado a manifestarse. La importancia
de la nota radica en el grito de impotencia del alcalde contra los nuevos
métodos de lucha obrera. Los obreros que se presentan a negociar son comisiones
provisionales, nombradas para cada ocasión, en las que pueden y suelen
intervenir obreros de otro ramo de producción, que además no se presentarían en
la próxima reunión, y que no responden a más criterio que la defensa de los
acuerdos tomados en asamblea. Esta organización de delegados, de carácter
provisional, revocable, sin más capacidad de decisión que el otorgado por la
asamblea, desorienta y enfurece a empresarios y autoridades. Recordemos que
estamos en octubre de 1919 [1].
La Junta de Reformas Sociales se lamentaba de la
inoperancia de su propio papel, ya que “es valiéndose de informaciones
indirectas y tratando de las cuestiones mejor con carácter particular que con
carácter oficial” como podían enterarse de lo que estaba sucediendo, porque los
trabajadores no reconocían a las autoridades establecidas ningún poder de
mediación. El sindicato único negociaba directamente con cada empresario.
Las huelgas en curso, en octubre de 1919, “las
parciales de cerrajeros, mecánicos, albañiles, carpinteros y del ramo del agua,
y las totales de panaderos y hojalateros y lampistas” ya no se planteaban entre
la Patronal del sector y un comité de huelga, con la mediación del Instituto,
sino que los obreros manifestaban “no querer nada con la Autoridad”. Por otra
parte el Instituto confesaba su total naufragio, y afirmaba: “no conseguir
nunca saber si aquellos que acudían a sus citas, ya llamados al azar, tenían la
representación necesaria para tratar del asunto. Lo más frecuente es que al
citar a la comisión de huelga de los carpinteros, por ejemplo, se presente un
carpintero y cuatro o más de distintos oficios: carreros, albañiles, zapateros,
etcétera”.
La organización de los obreros en el sindicato
único, y los métodos de acción directa habían hecho saltar ese
organismo de mediación que era el Instituto de Reformas Sociales, que había
sido creado en 1883 como un primer intento de institucionalizar en España la
llamada “cuestión social”.
La patronal recurriría pronto a otro tipo de
mediación, y a practicar también “su propia acción directa”: la ley de fugas [2] y
el lock-out [3],
con la complicidad de la policía y el ejército, el somatén y los pistoleros a
sueldo. Fue el inicio de los llamados “años del pistolerismo”, esto es, la
guerra de clases de 1919-1923, que terminó brutalmente con la dictadura del
general Primo de Rivera. El objetivo no era otro que destruir el sindicato
único y la imposición individual a cada trabajador de las
condiciones de trabajo elaboradas por la empresa.
2. La
creación en diciembre de 1883 de la Comisión de Reformas Sociales fue el primer
intento de institucionalizar, en España, la llamada cuestión social, o cuestión
obrera. Sus orígenes debemos buscarlos en la nueva sociedad industrial, que
transformaba el espacio productivo, con la aparición de la fábrica; el social,
con el proletariado como nueva clase emergente; y el urbano, con el surgimiento
de la ciudad industrial. Estos cambios provocaron intensas polémicas
ideológicas y actuaciones normativas de las clases dirigentes españolas, que
vieron la reforma social como un dispositivo estratégico más de anulación, o
combate, de las teorías revolucionarias obreras.
La Comisión sufrió el boicot de una facción importante
del movimiento obrero, el anarquista. Por otra parte, nunca fue dotada de
suficientes fondos económicos, ni se pudo publicar la totalidad de los informes
provinciales, notándose a faltar especialmente los de Cataluña y Andalucía.
Tampoco pudo no ya evitar, sino ni siquiera comprender, los graves conflictos
sociales de la España del primer tercio del siglo XX. Sin embargo, marcó un
punto de inflexión “pragmático” en la actuación del Estado en las cuestiones
sociales, y al mismo tiempo fue un precedente del intervencionismo estatal en
el trabajo, pues si la Comisión de Reformas Sociales podía considerarse como un
ensayo, con el paso del siglo, en abril de 1903, la creación del Instituto de
Reformas Sociales supuso la institucionalización definitiva de la reforma
social en España. Además, era el primer eslabón de una cadena, que más tarde
continuaría con la fundación del Instituto Nacional de Previsión (1908) y con
la creación del Ministerio de Trabajo (1920).
En definitiva, después de un siglo de acentuada y
progresiva actuación del Estado en cuestiones de previsión y de
intervencionismo laboral, la acción social se había convertido en una de las
preocupaciones prioritarias de los gobiernos, ya fuesen dictatoriales o
democráticos. En 1983 se destinó en España el diecinueve por ciento del
producto interior bruto para la Seguridad Social; en 1883, el año de la
fundación de la Comisión, para este concepto se destinó el cero por ciento [4].
En este contexto intervencionista es en el que hay que
entender el planteamiento de la cuestión urbana a partir de los informes de la
Comisión de Reformas Sociales. Éstos reproducen las polémicas y debates
que la
nueva ciudad industrial está generando ya, desde los
inicios del siglo, entre los miembros de una burguesía altruista y reformista,
formada por médicos, higienistas, ingenieros o funcionarios. La Comisión
continuó estos debates y, esto es original, se produjo la incorporación del proletariado
a estas tareas.
Los debates que generó la Comisión, a partir de la
información referida a la condición económica de la clase obrera, de su
alimentación, de la vivienda y cultura moral de los obreros, sirvieron a la
burguesía para diseñar nuevos marcos de relaciones sociales y espaciales. Las
polémicas sobre la higiene y salubridad de la ciudad industrial fueron
utilizadas para imponer la separación de clases, es decir, la segregación
espacial. Asimismo, los debates sobre la cultura moral y religiosa intentaron
integrar en el cuerpo social a amplias masas obreras, desarraigadas por la
industrialización y cada vez más autónomas ideológicamente.
Por otra parte, la clase obrera que participaba en la
Comisión de Reformas, representada por los socialistas, puso en cuestión los
supuestos filantrópicos de las clases gobernantes y se marcó como objetivo la
superación gradual del sistema capitalista. Y ese gradualismo señaló la
diferencia irreconciliable entre UGT y CNT.
3. La huelga general de 1902 en Barcelona fue la última manifestación del
viejo movimiento obrero, constituido por asociaciones obreras de carácter
gremial, enfrentadas al paternalismo patronal.
En 1906 apareció “Solidaridad Obrera”, nombre que se
establecía en oposición al surgimiento de la burguesa y catalanista
“Solidaridad Catalana”. La huelga general contra el reclutamiento de tropas
para la guerra de Marruecos, conocida como Semana Trágica de 1909, impuso la
necesidad de crear una organización obrera, no limitada a Cataluña y de extensión
nacional, ya que el principal motivo del fracaso de esa Semana Trágica, fue la
imposibilidad de extender la insurrección, que fue sólo de carácter local.
En 1910 se fundó la Confederación Nacional del trabajo
(CNT). La ilegalización inmediata de la CNT, el estallido de la Primera Guerra
Mundial, la enorme importancia que adquirió el fenómeno migratorio desde las
zonas rurales de toda España hacia Barcelona y Madrid, y la carestía de la
vida, provocada por la extraordinaria demanda bélica de los europeos,
impulsaron una refundación de la CNT en 1915, bajo los criterios del
sindicalismo revolucionario aprobados en el Congreso de Amiens (1906).
Estos principios del sindicalismo revolucionario
pueden resumirse en la capacidad de la clase obrera para enfrentarse
autónomamente al capitalismo, desarrollando la lucha de clases, mediante una
táctica que se oponía a la apropiación política o parlamentaria por cualquier
partido obrero o burgués, de la lucha obrera.
Las dos conquistas fundamentales de la CNT, en vísperas
del congreso de diciembre de 1919, que dio preponderancia al anarcosindicalismo
sobre el sindicalismo revolucionario en la CNT, fueron el sindicato
único de industria y la acción directa. Son precisamente
las dos conquistas que deslumbran en el texto, que hemos expuesto, y que tanto
sorprende e indigna al alcalde de Tarrasa.
4. La
manifiesta incapacidad del régimen liberal de la Restauración para enfrentarse
a la nueva problemática, planteada por el sindicato único de industria y la
acción directa de la CNT en Cataluña, dieron paso a la organización de una
respuesta adecuada de la burguesía, que fue liderada por la Federación Patronal
catalana.
En enero de 1919 se reorganizó y modernizó el somatén,
formado por ocho mil voluntarios armados bajo tutela militar, esto es, a las
órdenes del capitán general Milans del Bosch, financiado por la Federación
Patronal y con la intervención directa de destacados industriales catalanes.
Para el control, y eliminación en su caso, de destacados militantes cenetistas
se creó el fichero Lasarte, en la primavera de 1919, que dependía directamente
de Martínez Anido y Arlegui, durante su gestión gubernativa. La alianza de
clase, en defensa de los intereses de los empresarios industriales, no encontró
ningún obstáculo, ni contradicción, entre el catalanismo de los empresarios
catalanes y el rígido centralismo españolista del capitán general Milans del
Bosch, porque nada une más a las distintas facciones capitalistas que la
prioritaria defensa del orden burgués ante la “barbarie proletaria”. Tampoco
existía antagonismo alguno entre obreros inmigrantes y nativos, unidos por los
mismos intereses de clase e idéntica explotación y formas de vida.
El 5 de febrero de 1919 se inició una huelga de
solidaridad con ocho despedidos en la compañía eléctrica
conocida como “La Canadiense”, porque el principal accionista era el Canadian
Bank of Comerce de Toronto. El conflicto de esta empresa, apoyado por la CNT,
fue extendiéndose a otras empresas y sectores industriales hasta convertirse en
una huelga general que afectaba a toda la ciudad de Barcelona. El 21 de febrero
los obreros de los sindicatos de electricidad, agua y gas declararon la huelga
en todas las empresas participadas por La Canadiense, lo que afectaba también a
los Ferrocarriles de Sarriá. Barcelona sufrió un apagón total, los diarios no
se publicaban, los tranvías dejaron de circular y muchas fábricas de Barcelona
y cercanías quedaron paralizadas. El 5 de marzo el general Milans del Bosch
militarizó a todos los trabajadores del ramo de la electricidad, aunque su
bando, a causa de la censura obrera, sólo fue publicado en el Diario de
Barcelona. Los cenetistas militarizados se negaron a incorporarse a
filas, por lo que fueron encarcelados en el Castillo de Montjuic. Se llegó a
encarcelar a unos tres mil obreros.
El 17 de marzo Lawton, por La Canadiense, negoció con
el comité de huelga en la sede del Instituto de Reformas Sociales, aceptando
las condiciones de los huelguistas sin represalias. El 19 de marzo la CNT
convocó una
asamblea en la plaza de toros de Las Arenas a la que asistieron veinte mil
trabajadores, que aprobó los acuerdos alcanzados, dando un
plazo de setenta y dos horas para liberar a todos los obreros encarcelados.
Salvador Seguí cerró el mitin en un clima de victoria. La huelga había
terminado consiguiendo el cobro de la mitad de los días de huelga y la
implantación de la jornada laboral de ocho horas.
5. Sin
embargo aún quedaban cinco obreros presos. Para obtener su libertad se inició
el 23 de marzo una nueva huelga, a la que el ejército respondió ocupando la
ciudad de Barcelona. Los obreros eran cacheados en la calle, y los soldados
destruían los carnés de la CNT. El 27 de marzo los obreros estaban dispuestos a
dar por terminada la fracasada huelga, cuando el gobernador civil se negó a
mediar en el conflicto. El capitán general Milans del Bosch, apoyado por la
oligarquía catalana, se negó a liberar a los treinta y cuatro obreros presos,
que estaban bajo su jurisdicción. Las garantías constitucionales quedaron en
suspenso, persiguiéndose a los militantes de la CNT. El 31 de marzo la Guardia
Civil asesinaba a la puerta de su casa a Miguel Burgos, secretario del sindicato
de curtidores de la CNT.
En la última semana del mes de marzo, se fundó la
Federación Patronal Española, cuyo primer acuerdo consistió en que para llevar
a cabo la readmisión de un trabajador, éste debía entregar el carné de la CNT y
negociar un nuevo salario individualmente. Esta medida era inaceptable para los
obreros, de tal manera que la huelga continuó, aunque el Comité de huelga había
acordado que los distintos ramos negociasen la vuelta al trabajo. Finalmente la
huelga concluyó el 12 de abril, con un fracaso obrero, ya que la huelga no se
había extendido más allá de la ciudad de Barcelona. Desde abril hasta julio de
1919 se despidito a setenta mil obreros y se detuvo a cuarenta y tres mil, de
los que quince mil aún estaban presos a primeros de agosto.
El 1 de diciembre la patronal catalana inició un
cierre de la industria que afectó a más de ciento cincuenta mil obreros, a los
que se exigía la entrega de los carnés de la CNT. El conde de Salvatierra
terminó con el lock-out el 26 de enero de 1920, a petición de la patronal, sin
que ningún trabajador entregase su carné.
6. Con
el reflujo del movimiento huelguístico de La Canadiense, la burguesía española,
con su fracción catalana al frente, desarrolló un ataque despiadado contra los
militantes de la CNT. Se organizaron bandas de pistoleros, pagadas por la
patronal y coordinadas por el Capitán General y el Gobernador militar de la
región, que perseguían a los sindicalistas y los asesinaban en el más puro
estilo mafioso. Se llegó a alcanzar la cifra de 30 muertos diarios.
Paralelamente, las detenciones se multiplicaban, al tiempo que tanto policía
como Guardia Civil restablecieron la bárbara práctica de la “cuerda de presos”:
los sindicalistas detenidos eran conducidos a pie a centros de detención ubicados
en ocasiones a cientos de kilómetros. Muchos morían en el camino, víctimas del
agotamiento y las palizas inflingidas, o simplemente se les aplicaba la “ley de
fugas”.
Los organizadores de esa guerra de exterminio del
sindicalista fueron los propios burgueses catalanes, “modernos” y
“democráticos”, que siempre habían reprochado a la aristocracia castellana su
brutalidad. Pero la burguesía catalana había sufrido en carne propia la
amenaza revolucionaria del proletariado y ansiaba la
venganza. Cambó impulsó la plaga de los pistoleros. El gobernador militar,
Martínez Anido, vinculado a la rancia aristocracia castellana, y los
“progresistas” burgueses catalanes se reconciliaban definitivamente en la
persecución de los militantes proletarios. El pacto era fruto de la nueva
situación: ya no existían fracciones liberales o reaccionarias dentro de la
clase burguesa, todas coincidían en la defensa brutal de un orden social caduco.
Atrapada en una espiral terrible, en medio de una
fuerte desmovilización de las masas obreras, la CNT respondió a los pistoleros
con la organización de cuerpos de autodefensa, que devolvían golpe por golpe, y
que lograron abatir a políticos, cardenales y patronos destacados. Sin embargo,
esta dinámica degeneró rápidamente en una cadena de muertos sin fin, que
aceleraron el cansancio y la desmoralización de los trabajadores. Por otro
lado, colocada en un terreno donde era inevitablemente la más débil, la CNT
sufrió una hemorragia interminable de militantes, asesinados, encarcelados, heridos,
huidos… Pero eran muchos más los que se retiraban, completamente desmoralizados
y perplejos. En la última época, además, los grupos de defensa cenetistas se
vieron infiltrados, muy a su pesar, por toda clase de elementos turbios, ya
fueran de la policía o mafiosos, sin más objetivo que el robo y el asesinato,
que no hacían sino desprestigiar a la CNT y aislarla políticamente. El 10 de
marzo de 1923 fueron tiroteados, a la salida del bar La Trona, en la esquina de
la calle Cadenas con San Rafael, los destacados cenetistas Salvador Seguí (“El
Noi del Sucre”), que murió al instante, y Francisco Comes (“Perones”), que
moriría pocos días después. Las matanzas duraron hasta septiembre de 1923,
cuando se instauró la Dictadura del general Primo de Rivera, mediante un golpe
de Estado consentido y apoyado por el Rey. La Dictadura contó con el apoyo del
PSOE-UGT. La CNT había sido aniquilada de nuevo por una represión salvaje e
ignominiosa. La CNT que resurgió de sus cenizas en los años treinta era otra CNT,
totalmente distinta: se había pasado del sindicalismo revolucionario, dominante
en los años anteriores a 1919, al anarcosindicalismo [5].
7. En
la misma época en Italia triunfaba el fascismo, tras aplastar al movimiento
obrero después de varios años de feroz guerra de clases. Las dictaduras de
Mussolini y Primo de Rivera se fundamentaban en su victoria sobre las
intentonas revolucionarias del proletariado. Las notables diferencias entre
España e Italia radicaban en el carácter reaccionario de la burguesía española
y un escaso desarrollo industrial, que contrastaban con el carácter
contrarrevolucionario de la burguesía italiana y el mayor grado de
industrialización italiano.
El 24 de octubre de 1922, en Nápoles, en el congreso
del Partido Nacional Fascista, Mussolini anunció oficialmente la Marcha sobre
Roma: “O nos entregan el gobierno o lo tomaremos cayendo sobre Roma”. La marcha
se desarrolló entre el 27 y el 28 de octubre. El Rey pidió a Mussolini que
formara gobierno, que ya estaba constituido el día 30. El Fascismo había tomado
el poder.
El 13 de septiembre de 1923 el Capitán General de
Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se sublevó contra el Gobierno y dio un golpe
de Estado con el apoyo de la mayoría de las unidades militares. El golpe se
anticipaba a la reunión de las Cortes que debía analizar el problema de
Marruecos y las responsabilidades del ejército, y del rey, en los últimos
desastres militares. Con el apoyo del ejército, de la burguesía catalana y de
los terratenientes andaluces, Alfonso XIII aceptó nombrar presidente del
gobierno a Primo de Rivera, en su calidad de dictador militar, el 15 de septiembre
de 1923. La dictadura sólo fue rechazada por los sindicatos obreros y los
republicanos, cuyas protestas fueron inmediatamente acalladas con la censura y
la represión. Se creó un Directorio Militar con nueve generales y un almirante,
se suspendió la constitución, se disolvieron los ayuntamientos, se prohibieron
los partidos políticos, los somatenes se transformaron en milicias urbanas y se
declaró el estado de guerra.
Mussolini, en el discurso del 3 de enero de 1925,
asumió toda la responsabilidad política que pudiera derivarse del asesinato del
diputado socialista Giacomo Matteotti, secuestrado el 10 de junio de 1924 por
una escuadra fascista, que lo asesinó al día siguiente. Ese discurso señaló el
inicio del régimen dictatorial fascista, que impuso progresivamente un régimen
totalitario.
8. La
Guerra Civil se saldó con un millón de muertos y trescientos mil exiliados. Las
organizaciones obreras habían sido destruidas y perseguidas hasta su
aniquilación. El nivel de vida del obrero era inferior al de los años treinta.
Hambre, miseria y miedo eran amos y señores de la ciudad de Barcelona, y de
toda España. El terror fascista formaba parte de la vida cotidiana, más seguro
que “el pan nuestro de cada día”.
En el Campo de la Bota se fusiló masivamente desde 1939 hasta 1952,
cuando se dejó de hacerlo a petición de la Iglesia Católica, con motivo de la
celebración del Congreso Eucarístico en la ciudad de Barcelona.
El 12 de febrero de 1948, tres accionistas presentaron
un expediente de quiebra de Barcelona Traction (“La Canadiense”), que prosperó
hasta conseguir en 1952 que los bienes de la empresa fueran
subastados y adquiridos por “Fuerzas Eléctricas de Cataluña SA” (FECSA),
gestionada por el financiero mallorquín Juan March Ordinas, fundada poco antes
de la subasta. La Canadiense fue comprada por un precio equivalente
al uno por mil del valor real de la compañía.
La demanda presentada por el gobierno belga contra
esta adquisición fue rechazada por el Tribunal de La Haya, que dictaminó la
incapacidad de ese gobierno para plantear la defensa de los accionistas belgas,
ya que la sede de la compañía estaba en Canadá y correspondía a ese gobierno
presentar la demanda.
Joan March Ordinas falleció en 1962. El 5 de febrero
de 1970 la resolución judicial era firme, finalizando el proceso judicial. En
una época en que la dictadura franquista parecía eterna, algunos opositores al
régimen consideraron, quizás maliciosamente, que la subasta de
1952, a favor de FECSA, controlada por Juan March, que había
financiado el golpe militar del 18 de julio de 1936, podía considerarse como un
botín de la Guerra Civil.
Ahora sabemos que no es suficiente el sindicato único
y la acción directa. No basta con la huelga general, si se reduce sólo a la
ciudad de Barcelona, o sólo a Cataluña, o sólo a España. No basta una victoria
parcial, o una mejora laboral. No basta con conseguir la jornada de ocho horas.
No basta con el reconocimiento del sindicato único. La acción directa de los
obreros no es suficiente. Ahora sabemos que en la guerra de clases sólo nos
vale la victoria total. No en vano han pasado ya casi noventa años.
9. Pero
en octubre de 1919 el alcalde Tarrasa redactó esta nota, adjunta a un
formulario ya obsoleto:
Ilmo. Sr. Presidente del Instituto de Reformas
Sociales. Madrid.
Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la R. O. de 2 de
julio de 1909, tengo el honor de remitir a V.I. la adjunta hoja estadística de
la huelga de tipógrafos habida en esta ciudad y solucionada recientemente.Extrañará V.I. seguramente, la escasez de datos que en
ella se dan, y el que esta Junta local de reformas Sociales ignore muchos de
ellos, de carácter esencialísimo. La razón es clara. Desde que se constituyó en
esta ciudad el llamado Sindicato único, los afiliados a él, y son todos los
obreros constituidos en sociedades de los distintos ramos de la producción,
unos por voluntad y otros coaccionados, han proclamado la norma de no querer
nada con las Autoridades, sea cualquiera el carácter de éstas; y al acordar una
huelga, la plantean y desarrollan sin dar conocimiento previo y sin admitir
intervención alguna que no sea la de parte directamente interesada; dándose
también el caso de que si se trata de indagar cuál es la Junta o Comisión
dirigente del movimiento, contestan los interesados que entre ellos no hay
Junta ni Comisión de ninguna especie, que todos obran con igual autoridad y
representación , y que sus asuntos no más quieren tratarlos con aquellos que
directamente han de resolverlos.Dado este estado de cosas, a esta Junta le es
sumamente difícil desempeñar su cometido, y si cumple con lo preceptuado es
valiéndose de informaciones indirectas y tratando de las cuestiones mejor con
carácter particular que con carácter oficial. Esto habrá podido apreciarlo ese
Instituto de la digna Presidencia de V.I. por las muchas hojas de estadística
que tiene recibidas de esta Junta, sin rellenar de ellas el requisito de la
conformidad del patrono en cuyo establecimiento se produjo la huelga, ni la del
Presidente de la Sociedad obrera causante de aquélla: ambas firmas son punto
menos que imposible poderlas obtener. Las huelgas todavía pendientes de solución, que son
las parciales de cerrajeros, mecánicos, albañiles, carpinteros y del ramo del
agua, y las totales de panaderos y hojalateros y lampistas, han sido objeto reiteradas
veces de propósitos de intervención por parte de esta Junta, y siempre ha
tropezado con los obstáculos antedichos: no querer nada con la Autoridad, por
una parte, y no conseguir nunca saber si aquellos que acudían a sus citas, ya
llamados al azar, tenían la representación necesaria para tratar del asunto. Lo
más frecuente es que al citar a la comisión de huelga de los carpinteros, por
ejemplo, se presente un carpintero y cuatro o más de distintos oficios:
carreros, albañiles, zapateros, etcétera. Tal es la situación de esta ciudad, por lo que hace
referencia con las cuestiones sociales y el ascendiente que la Autoridad tiene
en ellos.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Tarrasa, 21 de Octubre de 1919.
El Alcalde,
Presidente. [Sello redondo en el que se lee: Junta Local de Reformas Sociales –
Tarrasa].
10. Uno
de los momentos más bellos del trabajo de investigación histórica es aquel en
el que encuentras, entre cientos de documentos insípidos o repetitivos de un
legajo, una hoja, o a veces una sencilla nota, en la que alguien, sublevándose
contra la estupidez de las preguntas fuera de lugar de un impreso que ha de
rellenar, se decide a explicar en una breve acotación que aquel formulario está
anticuado y no puede intentar abarcar la realidad existente porque ya no cabe,
ni en el papel, ni en la mentalidad del burócrata que lo ha redactado
cuidadosamente para “archivar” la realidad (social y laboral). Eso me pasó la
semana pasada, consultando un archivo de la Junta de Reformas Sociales de
Tarrasa.
Agustín Guillamón, 18 de junio 2008
Notas:
[1] Lo mismo sucedería, sólo por citar otros casos entre miles, en la huelga de la minería asturiana en la primavera de 1962; o en la empresa Roca, de Gavá, en 1976.
[2] Liberación del preso para asesinarlo a disparos y justificarlo como intento de fuga.
[3] Cierre empresarial que deja sin trabajo, ni salario, a los trabajadores.
[4]BUJ, Antonio: “La cuestión urbana en los informes de la Comisión de reformas sociales; en Horacio Capel, José Mª López Piñero y José Pardo (coords.): Ciencia e ideología en la Ciudad (II). I Coloquio Interdepartamental. Valencia, 1991, Generalitat Valenciana/Conselleria d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports. Valencia, 1994, pp. 73-86.
[5] Véase BAR, Antonio: La CNT en los años rojos. Akal, Madrid, 1981.
